Contras de la imposición sobre la indemnización por despido

La reforma fiscal en tramitación incluye entre sus subidas de impuestos la desaparición de la exención por la indemnización por despido. Yo que acabo de dar por concluida hace un par de meses, después de casi 17 años, mi relación laboral con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio quiero hacer pública mi opinión sobre esta medida que no afecta mis derechos, pues en este momento no tengo ninguno en relación con el asunto.

Me gustaría señalar que la reestructuración de la prestación por desempleo y la indemnización por despido es necesaria para incentivar la creación de puestos de trabajo, la búsqueda activa de empleo, facilitar la movilidad, y proporcionar seguridad sobre sus rentas a los trabajadores susceptibles de perder su puesto de trabajo. Bueno, la reforma propuesta no persigue ninguno de estos objetivos. Sin embargo el objetivo de esta reforma parece ser exclusivamente recaudatorio.

La tributación de la hasta ahora exenta indemnización por despido supone una subida implícita del tipo superior al 1% para una renta de unos 40.000 y del doble para una renta dos veces superior. Los asalariados tenían posibilidad de recibir 33 días (antes 45) por cada 365 días trabajados si eran despedidos. Es decir, en caso de la desafortunada situación de despido recibían un 9% de los ingresos percibidos durante el periodo trabajado libres de impuestos. Ahora, estas rentas tributarán, con las exenciones pertinentes que estén establecidas en la legislación (2000€ por año trabajado, el 30% por rentas irregulares), y lo harán en un único año lo que supone alcanzar los tipos máximos más fácilmente cuanto más años hayas trabajado; mala cosa para la estabilidad en el trabajo. Teniendo en cuenta todos esto elementos, el equivalente en términos de subida de impuestos anual es de un punto porcentual en una renta de 40.000 (tributaría el equivalente, todo lo demás igual, a más de 400€ más). Este tipo de incrementa en función de la renta y de los años trabajados tendiendo a 2,5 puntos porcentuales.

Por este motivo considero:

–          El gravamen propuesto incrementa los ingresos tributarios a costa de un segmento de la población que pasa a tributar más. De nuevo la imposición recae en mayor medida sobre el trabajo asalariado del sector privado. En este sentido, se incrementa la imposición al trabajo por cuenta ajena y disminuye los rendimientos del trabajo desincentivándolo frente a otras opciones de generación de renta (pe. Funcionarios, trabajadores autónomos…) En definitiva, profundiza en la sobreimposición al trabajo asalariado.

–          Incrementa las dificultades para llevar a cabo reformas en relación con las rentas percibidas por los trabajadores que pierden su puesto de trabajo. Aumentan los intereses del Sector Público a que permanezcan o se incrementen los días de indemnización por despido, cuanta más renta se asocie al despido mayores recursos impositivos.

–          Sorprende la pasividad de los afectados y que ni sindicatos ni patronales se hayan mostrado contrarios en relación con esta medida. Los sindicatos, protestan con la boca chica, deben entender que ésta no es una disminución de recursos y derechos para los asalariados o quizás consideren que de esta manera se alineen sus intereses con los de los recaudadores. La patronal parece no darse cuenta de que la reforma incrementa las presiones en las negociaciones pues se reducen los ingresos netos de los asalariados, ni en las dificultades que añade a las negociaciones en relación con una potencial reducción de los días por año de indemnización por despido, ahora tiene en su contra la administración tributaria y los sindicatos.

–          Disminuye impacto anticíclico de la indemnización por despido. Es una medida procíclica, a más despidos más recaudación y menos recursos para los desafortunados trabajadores que pierden un puesto de trabajo.

En definitiva, es una medida que dificulta avances reformistas en la dirección correcta, no beneficia ni a trabajadores ni a empresas, y que prácticamente absorbe toda la reducción de tipos medios prevista para 2015 para las rentas del trabajo asalariado para los niveles superiores a los 40.000€ anuales. ¡ Y esto sin tener en cuenta los efectos de la reforma sobre todos los derechos generados por los trabajadores con anterioridad a la reforma!